Tras seis semanas de investigación, la Inspección General de Asuntos Sociales (IGAS) y la Inspección General de Hacienda (IGF) han emitido sus conclusiones sobre el grupo Orpea de alojamiento para personas mayores. Informar a “fallos graves” así como también “Deficiencias humanas y organizacionales”la ministra delegada encargada de la autonomía, Brigitte Bourguignon, anunció el sábado 26 de marzo en France Inter que el Estado presentará una denuncia contra el grupo y reclamará el reembolso de las subvenciones públicas presuntamente desviadas de sus fines.
.@BrigBourguignon: «En vista de las graves fallas que han sido calificadas por IGAS e IGF, estamos… https://t.co/hzDmDrBwTi
“Ante los graves desajustes, podemos decirles que el Estado interpone denuncia y captura al Ministerio Público”dijo el Ministro, con base en los informes de las inspecciones administrativas.
El informe de investigación elaborado por el IGF y el IGAS, incautado por el gobierno el 1 deejem febrero, informes «disfunciones significativas en la organización del grupo, en detrimento de la atención de los residentes», dijo el ministerio en un comunicado. Muy esperado durante semanas, este informe, sin embargo, no se hará público, ya que está cubierto por el «secreto comercial»dijo a la AFP el gabinete del Sr.me Borgoña. Sin embargo, el 11 de marzo, el Ministro de Salud, Olivier Véran, había afirmado que tenía la intención de publicar parte de este documento, más exactamente «todo, excepto lo amparado por el secreto empresarial».
La publicación en febrero del libro-investigación los sepulturerosen el que el periodista Víctor Castanet acusa al grupo privado de haber montado un «sistema» de optimizar sus beneficios en detrimento del bienestar de vecinos y empleados, había creado un verdadero terremoto en el sector.
Si bien estima que el 10% de los establecimientos residenciales para personas mayores dependientes (Ehpad) son inspeccionados por las agencias regionales de salud (ARS) cada año, el Ministerio de Salud anunció este martes el lanzamiento de una campaña dirigida a «controlar las 7.500 residencias de ancianos en Francia durante los próximos dos años». La plantilla de la ARS se verá reforzada gracias a un centenar de contrataciones.