El gobierno enredado en la extensión de los vales restaurante para la compra de alimentos


Baptiste Morin editado por Sylvain Allemand

Olivia Grégoire, ministra de las PYME, aseguró el martes por la noche que la exención que permite utilizar estos vales de comida fuera del restaurante se ampliará por un año. Una declaración que debería alegrar a los empleados franceses que poseen estos títulos, pero que, sin embargo, avergüenza al gobierno.

El gobierno quedó atrapado en el rompecabezas de los vales de comida. El gobierno había anunciado que la exención que permitía el uso de vales de comida para comprar finalizaría el 31 de diciembre. Un anuncio que hirió a los cinco millones de empleados de vales de comida en Francia que se enfrentan a la inflación. Un inicio de polémica que la Ministra de la Pyme, Olivia Gregorio, declaró anoche que esta exención se prorrogará por un año. Un anuncio seguido de tibieza por parte de los allegados al ministro.

El Ministro de Economía, Bruno Le Maire, prefirió jugar la carta de la franqueza en la Comisión de Asuntos Económicos del Senado. «¿Es sencillo de hacer (la ampliación de la exención, nota del editor)? Mientras les hablo, no tengo la solución», afirmó el inquilino de Bercy.

Dos posibles soluciones

A pesar de esta declaración, el gobierno tendría dos vías en mente para ampliar la exención, según información de Europa 1. La primera consiste en modificar el proyecto de ley de finanzas de 2024. De hecho, los vales de comida los financian el empleador y el empleado, pero son exentos de contribuciones tributarias. Un déficit de 1.500 millones de euros al año para el Estado.

El segundo camino pondría paradójicamente al gobierno en un segundo plano. La exención de los vales de comida podría lograrse mediante un proyecto de ley. Un texto que no procedería del ejecutivo, sino de una iniciativa parlamentaria y, por tanto, de la oposición. Originalmente, la autorización para realizar compras de alimentos con productos no transformados con sus vales restaurante hasta el 31 de diciembre proviene de una enmienda a la ley del poder adquisitivo presentada por la senadora de derecha Frédérique Puissat. Una medida cuya génesis no proviene del ejecutivo y que podría explicar la falta de anticipación del gobierno al respecto.



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