El Parlamento Europeo y los estados miembros de la Unión Europea (UE) acordaron el miércoles 13 de diciembre una legislación para reforzar los derechos de los trabajadores en plataformas digitales como Uber o Deliveroo.
Este texto prevé reclasificar como asalariados a muchas personas actualmente consideradas independientes con el fin de reforzar su protección social, subrayó el Parlamento Europeo.
Si bien las regulaciones sobre las plataformas son hoy muy dispares entre los Veintisiete, la nueva legislación pretende establecer reglas idénticas a nivel de la UE para determinar si los repartidores de comidas o los conductores de VTC que trabajan para grandes plataformas digitales deben ser reclasificados como empleados. La UE estima “al menos 5,5 millones”de un total de unos 30 millones, el número de trabajadores de plataformas hoy erróneamente considerados autónomos.
“Los conductores y repartidores obtendrán los derechos sociales que les corresponden” mientras que “Las plataformas se beneficiarán de la seguridad jurídica”dio la bienvenida al comisario europeo Nicolas Schmit, al origen de la propuesta de la Comisión presentada en diciembre de 2021.
Cinco criterios comunes
Desde entonces, el texto ha sido negociado por los colegisladores que anunciaron un acuerdo político el miércoles. Aún tendrá que ser aprobado formalmente por los eurodiputados en sesión plenaria y por el Consejo de la UE, que representa a los estados miembros. “Este es un acuerdo innovador y el primer marco legislativo para los trabajadores de plataformas digitales”se alegró la eurodiputada socialdemócrata italiana Elisabetta Gualmini, ponente del texto.
Para armonizar el estatuto de los trabajadores de plataformas, la nueva legislación establece cinco criterios: el hecho de que una plataforma fije niveles de remuneración, supervise los servicios a distancia, no permita a sus empleados elegir sus horarios o rechazar misiones, imponga el uso de uniforme o incluso prohíbe trabajar para otras empresas.
Si se cumplen al menos dos criterios, la plataforma sería «presunto» empleador y debe someterse a las obligaciones laborales (salario mínimo, jornada laboral, subsidio por enfermedad, normas de seguridad, etc.) impuestas por la legislación del país en cuestión. Los Estados miembros tendrán la posibilidad de ampliar esta lista de criterios.
La presunción de empleo podrá ser activada por el trabajador, por sus representantes y por las autoridades competentes de oficio. En caso de impugnación por parte de la plataforma, ésta deberá aportar pruebas de que el estatus de independiente está justificado para revocar la decisión.