Nuevas revelaciones sobre polémicas prácticas de un gigante minero en Guatemala


Por Anne Michel, Paloma Dupont de Dinechin, Léa Peruchon y Phineas Rueckert

Publicado el 06 de marzo de 2022 a las 18:00 – Actualizado el 07 de marzo de 2022 a las 06:01

Marzo de 2019, en El Estor, en el sureste de Guatemala. Es noche oscura en el lago Izabal. A la luz de bombillas parpadeantes, un pequeño equipo de periodistas, reunido por el colectivo Forbidden Stories, hace balance. Todos ellos llegaron desde Europa para investigar las controvertidas prácticas de un gigante de la industria minera, Solway, que opera, a pocos kilómetros, la mina Fénix, uno de los yacimientos de níquel más grandes de Centroamérica. Este metal, utilizado para la fabricación de aleaciones y acero inoxidable, es tan difícil de refinar que ha sido apodado “cobre del diablo” desde la noche de los tiempos.

Para los periodistas, el contexto promete ser tenso. Llegada a principios de la década de 2010 a esta aglomeración de unos 100.000 habitantes, una sucesión de casas permanentes y chozas de chapa, la empresa Solway, con sede en Suiza pero dirigida por rusos y estonios, y dotada de un holding en Malta, es sospechosa de graves violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente. El tema es tanto más inflamable cuanto que el lago de Izabal, el más grande del país con sus 590 kilómetros cuadrados, alberga un ecosistema único. Es vital para esta región, que depende en gran medida de la agricultura y la pesca.

Los habitantes, en su mayoría mayas de habla kekchie, mantienen una relación sagrada con esta tierra y esta inmensa extensión de agua, hoy amenazada por los desechos provenientes de la minería a cielo abierto. Desde que tenemos memoria, han sufrido la brutal expansión de las multinacionales mineras. El agujero rojo provocado por la mina Fénix en las faldas de las montañas de la Sierra de Santa Cruz es la última prueba de ello, y sigue ampliándose, en medio de la selva tropical.

Con mucho coraje, la agencia de prensa regional, Prensa Comunitaria, lucha por denunciar esta situación. Pero su trabajo es impedido, mediante intimidaciones, amenazas y procesos judiciales. Esto es precisamente lo que decidió a Forbidden Stories a lanzar su proyecto llamado “Sangre verde”: esta cooperación entre medios de diferentes países es una mano tendida a estos periodistas reducidos al silencio o empujados a la clandestinidad, como Carlos Choc, un maya de 39 años. reportero kekchí. La mina, que emplea a 2.000 trabajadores, lo demanda por seis delitos y faltas, cuando su único mal es querer ejercer su profesión. En nombre del derecho a informar, Historias Prohibidas pretende continuar con las investigaciones de Carlos Choc y otros reporteros, dándole a su lucha una resonancia internacional.

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