Canadá continúa su revolución. La empresa canadiense de biotecnología, Sunshine Earth Labs, anunció el jueves 2 de marzo que había obtenido una licencia de la agencia federal de salud del país para producir y vender cocaína.
Este acuerdo de licencia se produce tras un cambio radical en las posiciones del Estado, que busca hacer frente a una grave crisis de sobredosis de opiáceos que ha causado miles de muertes, despenalizando la tenencia de pequeñas cantidades de cocaína, heroína y otras denominadas drogas duras.
Ottawa concedió así una derogación del código penal canadiense, en enero, a la provincia de Columbia Británica (oeste), para un proyecto piloto de tres años. El objetivo es combatir el estigma asociado con el consumo de drogas que impide que algunos busquen ayuda. Los defensores de la medida también piden que haya un suministro más seguro de drogas disponible para las personas con adicciones. Se enfrentan a un mayor riesgo de sobredosis relacionada con las drogas compradas ilegalmente en la calle.
En un comunicado de prensa, Sunshine Earth Labs afirma que ha recibido permiso de Health Canada para «poseer, producir, vender y distribuir legalmente hoja de coca y cocaína»así como morfina, éxtasis y heroína.
El ejemplo de Oregón
En febrero se había ofrecido un acuerdo de licencia similar a otra empresa, Adastra Labs, que hasta ese momento solo había fabricado productos relacionados con extractos de cannabis. La licencia de Adastra también le permite producir psilocibina y psilocina, alucinógenos más comúnmente asociados con hongos, cuyo consumo produce efectos similares al LSD.
“Evaluaremos cómo encaja la comercialización de esta sustancia en nuestro modelo de negocio en Adastra, con el fin de posicionarnos para apoyar la demanda de un suministro seguro de cocaína”dijo su jefe, Michael Forbes.
Columbia Británica sigue al estado estadounidense de Oregón (noroeste), que despenalizó las llamadas drogas duras en noviembre de 2020. La provincia es el epicentro de una crisis en la que más de 10.000 personas han muerto por sobredosis desde que se declaró una emergencia de salud pública en 2016. representando alrededor de seis muertes diarias, de una población de unos cinco millones.