El primer ministro británico Rishi Sunak aseguró que la ley para expulsar a inmigrantes ilegales al Ruanda ya tuvo un efecto disuasorio, después de que el gobierno irlandés mencionara un aumento en la llegada de inmigrantes. Tras la adopción del texto esta semana, el jefe del Gobierno británico dijo que esperaba aplicar esta medida emblemática y altamente controversialdestinado a combatir los cruces ilegales del Canal de la Mancha, en un plazo de 10 a 12 semanas.
«La disuasión ya está teniendo un impacto, porque la gente está preocupada por venir» al Reino Unido, dijo Rishi Sunak en un extracto de una entrevista que se transmitirá en Sky News el domingo. El viceprimer ministro irlandés, Micheal Martin, afirmó el viernes que la política migratoria británica tuvo el efecto de llevar a los inmigrantes a entrar al país desde la provincia británica de Irlanda del Norte, por temor a ser deportados a Ruanda.
«Reto global»
Cuando se le preguntó si el Reino Unido estaba exportando las dificultades de lidiar con la inmigración ilegal, Rishi Sunak argumentó que su preocupación era «asegurar» las fronteras británicas y que se trataba de un «desafío global». «Pero lo que esto también demuestra (…) es que la disuasión, según sus palabras, ya está teniendo un impacto porque la gente está preocupada por venir aquí», declaró el jefe del Gobierno conservador.
A pesar de las numerosas críticas, Rishi Sunak sigue defendiendo las expulsiones a Ruanda, un proyecto con el que cuenta para intentar recuperarse de unas encuestas que anuncian una aplastante derrota frente a la oposición laborista durante las próximas elecciones legislativas previstas para el segundo semestre.
“Medidas prácticas”
Downing Street consideró el viernes prematuro decir si la nueva ley tuvo un impacto en la afluencia de inmigrantes a Irlanda. Desde la ONU hasta las iglesias cristianas, se han multiplicado los llamamientos para instar al Reino Unido a que deje de deportar a solicitantes de asilo a Ruanda.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, y su homólogo a cargo de los refugiados, Filippo Grandi, pidieron al Gobierno «que adopte medidas prácticas para combatir los flujos irregulares de refugiados y migrantes, sobre la base de la cooperación internacional y el respeto de derecho internacional de los derechos humanos.